En medio de una crisis económica la única solución es invertir en las clases medias. Sólo así se puede salir adelante. Ya lo demostró Roosevelt en la espiral de la Gran Depresión de 1929 y 1930. Su solución fue invertir masivamente en educación, salud, infraestructura, fortalecer la seguridad social, solidificar el derecho al trabajo. Hacer todo lo posible por garantizar puestos de trabajo justo, garantizando los derechos laborales mínimos. Invertir en la población y en sus capacidades sociales.
Esto es importante por dos razones. La primera razón es ética y democrática: las clases medias son el colchón de la gobernabilidad. Si la mayoría de la población goza de bienes y servicios, hay paz social Sin clases medias no hay equidad y nace el conflicto. La segunda razón es práctica y económica: al deprimirse las clases medias, disminuye la demanda. La gente tiene menos dinero para comprar cosas. Al contraerse la demanda, sufre la oferta, se deprime el mercado, sufren los empresarios y la economía en su conjunto. En consecuencia, invertir en la clase media es un buen negocio para todo el mundo. Para la democracia, para la equidad social y para la totalidad del país. Incluso es un buen negocio para los empresarios.
Escribo lo anterior porque, en el contexto de la presente crisis, no podemos caer en la trampa de un pequeño sector empresarial (no la mayoría, desde luego) que quiere invocar razones de emergencia y optar por una flexibilización laboral que erosione derechos del trabajo consolidados desde la década de 1940, incluidos en nuestro Código de Trabajo y que forman parte de las Garantías Sociales promovidas en su día por Calderón Guardia, Mora y Sanabria —y después apoyadas plenamente—- por Figueres Ferrer, las cuales son consustanciales al pacto social de los últimos 70 años de vida republicana. Sería retroceder a la Costa Rica de 1930. Gran parte de la paz social que este país ha vivido en el último medio siglo —- y de la cual hemos gozado todos, incluido nuestros sectores empresariales— es la dignificación del trabajo en la sociedad. Eso es lo que nos ha diferenciado de la violencia social de otros países de América Central. ¿Y adónde quieren sus empresas?, le preguntaría yo a esos empresarios. ¿Aquí en Costa Rica, o en la convulsionada Nicaragua, o en la violenta Guatemala?, países que no gozan de la mayoría de esos derechos. A las pruebas me remito.
El argumento de que estamos en una situación de crisis y que —para garantizar que no habrá despidos—- hay que eliminar pisos mínimos laborales y sociales es una falacia y una trampa. Sería desarmar un elemento básico del pacto social. Inclusive, me atrevo a afirmar: es preferible que el desempleo crezca algunos puntos, a que todo el sistema laboral elimine sus garantías y derechos, y entremos en pleno ¨canibalismo laboral¨. Lo primero es reversible, cuando lo economía mejore. Lo segundo será irreversible. Ya lo dijo recientemente en la CEPAL el director mundial del OIT, Juan Somavía. En un momento de crisis, hacer pagar al trabajo para salvar al sector económico, es un error suicida. Es una bomba de tiempo para la equidad social y la democracia.
Ojala el Gobierno de la República no ceda en esto. La reciente medida de los 4 días es razonable. Pero las que pretende algún sector empresarial son gravísimas. Es no entender la Costa Rica del último medio siglo, ni, curiosamente, tampoco entender sus propios intereses.
Esperemos que don Chico Morales haga valer sus antiguas credenciales socialdemócratas dentro del PLN. Y que el PUSC, después de sus fatídicos últimos 3 años, al menos en esto le haga honor a la conciencia social de su patriarca.
